Interés del gobierno

No caben dudas que el impacto de los fraudes contables en la sociedad norteamericana y en la credibilidad mundial de sus empresas, impactó de manera considerable. La inmediata reacción de los políticos fue realizar propuestas de cambios en la legislación y el tema adquirió tal trascendencia que fue más allá de toda contienda partidaria. Tanto republicanos como demócratas realizaron sus respectivos protectos y el asunto pasó a ser una cuestión de Estado. Junto con Enron, esta compañía se transformó en un símbolo de corrupción empresarial, y llevó al Congreso estadounidense a aprobar una dura legislación que responsabiliza a los empresarios por las manipulaciones financieras en sus compañías. Por un lado, el senador republicano John McCain se unió a congresistas demócratas en reclamar la renuncia del presidente de la Comisión de Valores de Estados Unidos, Harvey Pitt, un ex abogado de Wall Street entre cuyos clientes figuraban importantes firmas de contabilidad. Por otra parte, el senador demócrata Paul Spyros Sarbanes y el diputado republicano Michael Oxley presentaron sendas propuestas tendientes a implementar la “Ley de Reforma de la Contabilidad de Compañías Públicas y Protección de los Inversionistas”, que fue aprobada y entró en vigencia como el 30 de julio del 2002, y se le ha calificado como la reforma de más alcance en las prácticas comerciales estadounidenses desde la época de Franklin Delano Roosevelt. La ley, que ahora se conoce como la “Ley Sarbanes-Oxley”, lleva el nombre de los principales patrocinadores de la legislación. Crea un consejo de supervisión sólido e independiente para supervisar a los auditores de compañías públicas y le permite a este consejo establecer normas de contabilidad así como investigar y disciplinar a los contadores. Cubre los conflictos de interés, garantiza la independencia de los auditores, afianza el gobierno corporativo, exigiendo que los líderes corporativos sean personalmente responsables de la exactitud de los reportes financieros de su compañía y establece resguardos para proteger en contra de los conflictos de los analistas de inversiones. La Ley Sarbanes-Oxley constituye la reforma más extensa, da a los fiscales y a las autoridades regulatorias nuevos instrumentos para fortalecer la dirección empresarial, mejorar la responsabilidad y proteger los intereses de los empleados y accionistas de las empresas. La ley exige, so pena de encarcelamiento, que los funcionarios de mayor jerarquía en una empresa certifiquen que las declaraciones financieras de la firma reflejan fielmente y con exactitud su estado financiero y el resultado de las operaciones; que los auditores cumplan con sus responsabilidades de proveer exámenes y certificaciones independientes de la exactitud y confiabilidad de los estados financieros de la empresa; que los empleados están protegidos contra represalias por divulgar actos deshonestos de parte de funcionarios de la empresa; y que la información sobre la empresa provista a los inversionistas sea verídica y exacta y exenta de engaño. El presidente George Bush estudia nuevas medidas para evitar estas estafas, que según fuentes de su Partido Republicano incluirá nuevas tipologías para los gerentes y directivos de compañías que emitan declaraciones financieras intencionalmente engañosas. Actualmente, estos directivos sólo enfrentan multas y otras penalidades civiles. La justicia estadounidense está siendo diligente en el castigo de los escándalos que originaron la gran crisis financiera en empresas como Enron o WorldCom, que convulsionaron los mercados y obligaron a las autoridades económicas a modificar drásticamente las normas contables nacionales e internacionales.