La investigación

En dos informes firmados por William McLucas (estudio Wilmer, Cutler & Pickering), por demás comprometedor, remitido el 10 de julio de 2001 por Ebbers a Ronald Beaumont -entonces director operativo-, admite complejas maniobras para alterar asientos contables e implica a John McGuire y Michael Higgins (vicepresidentes a cargo de finanzas). El texto prueba que Ebbers estaba al tanto de las irregularidades -algo que había negado sistemáticamente durante meses-, cuyo objeto era "tapar agujeros". En otro punto del informe, se señala que Ebbers participaba en reuniones donde se decidió "inflar de seis a 12% anual el aumento de ingresos para el tercer trimestre de 2001". Ambos documentos presumen, asimismo, que Ebbers hacía uso ilegal de informaciones reservadas ("insider trading"). El segundo informe, elaborado por Richard Thornburgh, explica que Ebbers vendió acciones por US$ 70 millones a fines de septiembre de 2000, antes de trascender un abrupto descenso de ingresos. WorldCom no lo comunicó a los accionistas hasta noviembre. El informe McLucas, detalla cómo varios altos ejecutivos ocultaban deliberadamente información a la auditoría externa, en manos de Arthur Andersen. Ebbers y los suyos alteraban documentos y negaban acceso a la base de datos que almacenaba las cifras más comprometedoras (había juegos dobles y hasta triples de libros). El investigador reprocha al estudio Arthur Andersen no haber reclamado ante la junta directiva, el comité auditor ni la SEC. No obstante, AA siguió certificando balances que, luego, la conducción esgrimía para aventar dudas y críticas. En cuanto al informe Thornburgh, confirma que también el directorio de WorldCom estaba a oscuras. Particularmente, respecto de unas sesenta adquisiciones "por cifras multimillonarias, aprobadas tras apenas minutos de discusión, sin que la junta recibiese siquiera un papel con términos e implicancias de cada transacción". No en vano, los directores percibían honorarios increíbles y rumbosas dádivas. Además, el management hacía retoques por su cuenta (como en el caso Intermedia Communications, febrero de 2001), sin consultar a la junta y, después, afirmaba contar con su autorización formal.